No es una noticia nueva que el abstencionismo en los comicios de México, como sucedió el pasado domingo 4 de junio, haya alcanzado un índice cercano al 50 por ciento de la lista nominal. Como resultado, no tardaron en aparecer los artículos y editoriales que se cuestionaban, no sólo por la gobernabilidad resultante del proceso, sino por la opinión manifiesta en dicha abstención. Ambos temas, luego de tantas décadas, sólo sirven para dar de qué hablar a los medios de comunicación y nada más. No hay un mayor nivel de discusión, ni mucho menos de acción pública que desemboque en reformas o soluciones sustantivas.
No hay siquiera un enfoque adecuado que otorgue herramientas de análisis a la sociedad general y la razón es simple: esa sociedad ha perdido valor. A lo sumo, el interés recae en mantenerla entretenida y principalmente, hacerla sentir importante. El hecho crudo, sin embargo, es que la actual democracia de mercado no sitúa más su gobernabilidad en el grueso de la población, sino en los centros económicos globales. En otras palabras, de facto se puede gobernar con el 20 o 30 por ciento de la lista nominal de electores e incluso con menos, siempre y cuando los centros del capital provean las condiciones mínimas de estabilidad económica. Seguir cuestionando la gobernabilidad derivada de los comicios remite, si no es que una tajante falta de conocimientos, a esa misma falta de relevancia que tiene la población general en el debate público.
El tiempo de las grandes movilizaciones sociales o de «la sociedad de masas» es cosa del pasado y el hecho es que aún y cuando se cuente con una aprobación del 90 por ciento de la lista nominal, la falta de apoyo de los centros económicos derivaría en una falta de gobernabilidad. Esta tendencia es lo que, en primer lugar, denota el abstencionismo mexicano. Ahora más que nunca, la democracia es un gobierno de las minorías legitimado por las mayorías. A la manera de Schumpeter: la elección de las élites políticas (-económicas) encargadas de gobernar. Se trata de hacer parte del interés de los muchos, lo que en realidad es del interés de unos pocos.
En México, desde la instalación de la alternancia, los electores se han dado cuenta que la política –ya no sólo el PRI, sino la política en general– no gobierna, ni se interesa por ellos. En su lugar, gobierna y se interesa por los mecanismos que más allá de su legitimidad, le otorgan su efectiva estabilidad y gobernabilidad. En los tiempos post-revolucionarios, éstos recaían en la estructura organizativa de las corporaciones que aglutinaban a los grandes sectores sociales del país. A partir de la apertura comercial, éstos recayeron en los grupos financieros nacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
No sólo la política tradicional ha perdido autonomía frente al capital, sino que la tendencia apunta hacia la consolidación de ejes económicos capaces de absorber la deuda entera de los gobiernos y administrar los recursos naturales y humanos con un sentido privado. Tácitamente y como ha sucedido en el pasado, estos ejes no sólo invierten una alta gama de recursos en los partidos políticos y sus candidatos, sino en los gobiernos. Por ahora y para el caso específico de México, ello provoca que los electores no puedan percibir diferencias sustantivas entre los diferentes partidos políticos.
El problema de fondo es que, más allá de los discursos y proclamas, la hegemonía del sistema económico impone estrictas directrices. En la Europa de los años noventa, el mismo fenómeno condujo a una crisis de los partidos políticos, pero en México y Latinoamérica, la misma ha provocado fuertes desequilibrios internos derivados del choque entre la lógica del mercado y la del populismo previo.
En México, los políticos no se interesan por promover el desarrollo de estos núcleos económicos a nivel nacional e internacional, sino en hacer socios de negocios y fortalecer su gobernabilidad mediante dádivas; la dilapidación de los recursos públicos a través de programas populistas como PrepaSí, tarjetas de adultos mayores, entre otros.
En todo caso, las expectativas a largo plazo de la economía mexicana dependerá del desarrollo de estos grupos económicos. En otras palabras, en la generación de ejes dinámicos de la economía que, a través del mercado interno y la inversión productiva, puedan impulsar el desarrollo social. El objetivo último de ello, no recae en generar fortunas y millonarios para la lista de Forbes, sino hacer de la economía un eje de influencia internacional que otorgue las necesarias condiciones de estabilidad social. En última instancia, la democracia representativa como democracia de mercado, tan sólo legitima mediante las urnas un gobierno de minorías.
De no surgir alguna otra alternativa al sistema económico global, se hace necesario que el electorado se concentre más en la economía y con ella, en aquellos intereses que mejor promuevan el mercado interno y las condiciones de vida de los trabajadores.
J. E. J. Ramos Talavera, Ph.D. 